Tratado de Medellín: El tren de la litigación digital ya está en marcha (y Argentina sigue en el andén)

En 2019, cuando se firmó el Tratado de Medellín relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales, planteamos junto a Mercedes Albornoz la necesidad de modernizar la cooperación jurídica internacional. Al día de hoy, el tratado ya no es una promesa, es una realidad vigente desde el 9 de mayo de 2022 que necesita implementación y ser utilizado. Mientras varios de nuestros socios regionales ya han completado el proceso de entrada en vigor, Argentina aún figura en la lista de Estados con la ratificación pendiente.

La actualización más reciente de la COMJIB muestra un importante avance en Iberoamérica:

• Chile fue el último en sumarse, habiendo depositado su instrumento de ratificación hace un año, en febrero de 2025.

• Otros países clave como Uruguay (2022), Paraguay (2023), Portugal (2023) y Colombia (2024) ya son parte plena del sistema.

¿Qué estamos esperando?

El objetivo del Tratado de Medellín es simple pero revolucionario: que las Autoridades Centrales dejen de enviarse expedientes físicos de solicitud de cooperación y utilicen de forma preferente la plataforma Iber@. Esto implica:

• Eliminación del papel: Reducción de costos y tiempos logísticos.

• Documentos auténticos: Lo que se recibe por la plataforma se considera original y auténtico.

• Seguridad jurídica: Un entorno encriptado y diseñado específicamente para la cooperación judicial.

Argentina fue uno de los firmantes originales en 2019. Sin embargo, a casi un año y medio de contar con el status de proyecto de ley en la Cámara de Diputados/as de la Nación Expte. 4392-D-2024 y publicado con Trámite Parlamentario N° 119 de fecha 19 de agosto de 2024 todavía no ha obtenido aprobación.

El costo de la demora

Cada día que Argentina pasa fuera del Tratado de Medellín es un día en que nuestros justiciables enfrentan procesos más lentos y costosos. Mientras un tribunal en Santiago de Chile o Montevideo puede transmitir una solicitud de cooperación transfronteriza de forma instantánea y segura, en Argentina seguimos lidiando con mecanismos que parecen pertenecer al siglo pasado.

La tecnología no espera. Con la entrada en vigor del tratado para la mayoría de los países del bloque, la "excepción digital" argentina se vuelve una barrera para el acceso a la justicia.

La ratificación definitiva no es solo un trámite administrativo; es la decisión política de integrar a nuestro país en la vanguardia de la justicia transfronteriza. Es hora de que Argentina deje de estar "pendiente de ratificación" y se convierta en un actor pleno de la era de la litigación digital transfronteriza.